Quieren Meter Preso a George W. Bush: Los Democratas andan con la Escopeta en las Manos.

 Al día siguiente de haber dado a conocer un conjunto de opiniones de la administración Bush que reclamaban amplios poderes presidenciales para combatir el terrorismo, la administración Obama se enfrenta a nueva presión para apoyar una amplia investigación sobre interrogatorios, detenciones, espionaje y otras prácticas durante la presidencia de George W. Bush.

WASHINGTON - Al día siguiente de haber dado a conocer un conjunto de opiniones de la administración Bush que reclamaban amplios poderes presidenciales para combatir el terrorismo, la administración Obama se enfrenta a nueva presión para apoyar una amplia investigación sobre interrogatorios, detenciones, espionaje y otras prácticas durante la presidencia de George W. Bush.

Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que pronto podrían darse a conocer opiniones adicionales sobre tales temas. Pero la revelación de nueve documentos anteriormente secretos provocó llamadas de legisladores para que se cree una comisión independiente -"comisión de la verdad"- para investigar y hacer público lo que la administración Bush hizo en la campaña global contra el terrorismo.

El presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, John Conyers Jr., demócrata por Michigan, dijo que las revelaciones, junto con la entrega de nueva información sobre la destrucción de 92 videocintas de interrogatorios por parte de la Agencia Central de Inteligencia, había subrayado la necesidad de una comisión con el poder de solicitar bajo pena de desacato los documentos y el testimonio.

Los funcionarios que discutieron el proceso hablaron bajo condición de anonimato porque los memorándums, que aún están bajo revisión, podrían contener información clasificada. Entre los que no se han publicado pero que se cree que existen hay un memorándum del otoño de 2001 que justificaba el programa de la Agencia de Seguridad Nacional sobre espionaje interno sin órdenes judiciales y uno del verano de 2002 que enumeraba duras técnicas específicas de interrogatorio, incluyendo el ahogamiento simulado ("waterboarding"), que la CIA estaba autorizada a usar.

Los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que la decisión de dar a conocer los nueve memorándums se produjo después de haberse solicitado algunas de las opiniones en una demanda civil en California. Ellos dijeron que los abogados del departamento habían determinado que las opiniones no contenían información clasificada.

La demanda fue radicada por José Padilla, un ciudadano de Estados Unidos que fue arrestado en Chicago en 2002 y estuvo detenido por dos años como combatiente enemigo antes de ser finalmente enjuiciado y declarado culpable en un procedimiento criminal civil.

Padilla está demandando a John C. Yoo, un ex abogado de la administración Bush que fue el autor de muchas de las opiniones que justificaban las políticas de detención e interrogatorio.

 escarnio público

El Comité de lo Jurídico del Senado ha programado una vista para determinar si se debe crear una comisión para investigar la política sobre contraterrorismo de la administración Bush. El presidente del comité, el senador Patrick J. Leahy, demócrata por Vermont, ya ha convocado una comisión, y otro demócrata del panel dijo el martes que él apoyará la citada propuesta.

Pero David B. Rivkin Jr., un consejero auxiliar de la Casa Blanca bajo el primer presidente Bush, dijo que él planeaba urgir al Congreso que no siguiera adelante con la propuesta, la cual, según dijo, violaría los derechos de los funcionarios de la administración Bush y les tendería una trampa para que fueran sometidos a acciones judiciales por parte de tribunales extranjeros.

"Lo que ellos quieren es exponerlos en la picota pública", dijo Rivkin. "Ellos quieren destruir su reputación. Quieren arrastrarlos por el fango y escogerlos para acciones judiciales en el exterior. Y si logran que alguien caiga en la trampa de perjurio, mejor para ellos".

El presidente Obama ha expresado su renuencia a abrir una investigación sobre las políticas de su predecesor, diciendo que prefería enmendar las políticas y seguir adelante. En sus primeros días en la presidencia, emitió órdenes ejecutivas exigiendo la adhesión estricta a las reglas contra la tortura. Como senador, votó a favor de legislación para poner los esfuerzos de espionaje de acuerdo con los estatutos federales.

Los crecientes llamados a una mayor responsabilidad pública se producen en momentos en que la oficina interna de ética del Departamento de Justicia se prepara para dar a conocer un informe que se espera que critique duramente a miembros del equipo legal de Bush que escribieron memorándums que pretendían proveer justificación legal para el uso de métodos severos de interrogatorio a los detenidos a pesar de las leyes y tratados antitortura, según funcionarios del departamento y del Congreso.

La Oficina de Responsabilidad Profesional en el Departamento de Justicia está examinando si ciertos funcionarios nombrados políticamente en el departamento firmaron a sabiendas una interpretación irrazonable de la ley para proveer protección legal a un programa solicitado por funcionarios de la Casa Blanca.

Se espera que el informe centre su atención en tres ex funcionarios de la Oficina de Asesoría Legal: Mr. Yoo, un profesor de derecho de Berkeley, ahora con licencia en Chapman University, quien fue el autor principal de las opiniones sobre asuntos de seguridad nacional de 2001 a 2003; Jay S. Bybee, quien supervisó la oficina de asesoramiento durante dicho período y que ahora es juez de un tribunal federal de apelaciones; y Steven G. Bradbury, quien supervisó la oficina de asesoramiento durante el segundo término de Bush.Bradbury escribió dos de las opiniones dadas a conocer el lunes.

Escritas en octubre pasado y en enero de este año, ellas repudiaban ampliamente la desafiante teoría de un poder virtualmente ilimitado del comandante en jefe, que se encuentra en el corazón de los memorándums de Yoo.Aunque criticó la labor de Yoo, el propio Bradbury escribió tres memorándums sobre el uso de duras técnicas de interrogatorio en 2005. Se cree que tales documentos son parte de la investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional.

En una nota al calce en el memorándum de enero de Bradbury que criticó duramente la obra de Yoo, Bradbury indicó que él no quería que el repudio del razonamiento legal de Yoo se utilizara contra él como parte de la investigación ética. Bradbury escribió que sus retractaciones no "tenían el propósito de insinuar de ninguna manera que los abogados envueltos en la preparación de las opiniones en cuestión" violaron alguna "norma aplicable de responsabilidad profesional".